El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una propuesta de modificación del artículo 403 del Código Penal en relación al intrusismo profesional en el asesoramiento jurídico mediante el uso de Inteligencia Artificial. Esta iniciativa busca regular el uso de plataformas y sistemas automatizados que ofrezcan consultoría jurídica sin la supervisión de un profesional, un fenómeno que ha crecido significativamente debido a la transformación digital. El ICAM advierte que esta tendencia puede llevar a los ciudadanos a tomar decisiones importantes basadas en información y respuestas automatizadas, que carecen de la calificación y responsabilidad que un abogado debidamente acreditado podría brindar.
Contexto de la Propuesta
Impacto de la Transformación Digital
El ICAM ha observado que la transformación digital ha facilitado la creación de servicios automatizados que pueden simular procesos de asesoramiento legal. Esta situación está provocando una desintermediación en la relación entre el profesional y el cliente, donde la información general puede confundirse con el asesoramiento jurídico específico. Esta confusión puede tener consecuencias graves, ya que puede llevar a decisiones erróneas por parte del público, sin contar con la adecuada asesoría profesional.
La Necesidad de Regular el Intrusismo Digital
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha enfatizado la importancia de que el artículo 403 del Código Penal no se vuelva irrelevante ante el «neointrusismo digital». Este fenómeno representa un desafío significativo, ya que las herramientas digitales complican la identificación de los intrusos en el ámbito profesional. La titulación y la colegiación no son simplemente un formalismo, sino que sirven como garantías de competividad, deontología, y responsabilidad para proteger al interés público.
Qué Plantea la Reforma
Responsabilidad del Comercializador
La propuesta del ICAM busca mantener los primeros apartados del artículo 403, pero introduce dos nuevos que se enfocan en el intrusismo digital. Un punto clave es que la responsabilidad se centra en el comercializador o operador del sistema automatizado, y no en el usuario de estos servicios. Esto implica sancionar a quienes diseñan, comercializan o hacen disponible al público sistemas que emitan recomendaciones legales sin un profesional supervisando.
Umbral de Garantía
Además, la reforma establece un umbral de garantía que requiere la intervención humana en el proceso. Esto implica que siempre debe haber un profesional involucrado que valide los servicios que puedan ser confundidos con asesoramiento legal. Este enfoque busca preservar la calidad y responsabilidad en el asesoramiento jurídico.
Salvaguardas para la Tecnología
La iniciativa también introduce salvaguardas para asegurar que no se restrinja el uso legítimo de la tecnología. Esto incluye la difusión de información general no personalizada y el uso de herramientas con supervisión profesional adecuada. Esta distinción es fundamental para no limitar las herramientas tecnológicas que pueden ser útiles en el ámbito jurídico.
Consejos para Emprendedores y Negocios Relacionados
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Capacitación Continua: Mantente actualizado sobre las regulaciones y la evolución del mercado legal y tecnológico. Conocer los cambios permitirá adaptar tus servicios y productos a las nuevas normativas.
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Enfoque en la Ética: Asegúrate de que cualquier servicio automatizado cuente con supervisión profesional para garantizar su validez y respeto por la ética profesional.
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Colaboraciones Estratégicas: Considera asociarte con profesionales del derecho para que aseguren la calidad de tus productos y brinden respaldo en casos de asesoramiento.
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Informar y Educar: Proporciona información clara y accesible sobre el uso correcto de herramientas automatizadas para que los usuarios comprendan sus límites y utilidades.
- Inversión en Tecnología Responsable: Si decides desarrollar plataformas tecnológicas, asegúrate de que cumplan con las normativas y incorporen garantías de intervención humana.
Conclusiones
La propuesta del ICAM para modificar el artículo 403 del Código Penal representa una respuesta necesaria ante el creciente impacto de la Inteligencia Artificial en el campo jurídico. Este cambio busca proteger la calidad del asesoramiento legal y mantener la responsabilidad profesional ante el uso de tecnologías. Para los emprendedores y negocios vinculados al asesoramiento jurídico, es fundamental adaptarse a estas nuevas regulaciones y asegurar que su oferta de servicios cumpla con las exigencias éticas y legales, garantizando al mismo tiempo la innovación y el acceso a la tecnología de manera responsable.