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El Gobierno pide proteger a la infancia de la pobreza, la violencia y los riesgos de la IA en su día mundial

El Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la que reclama una mayor cooperación entre territorios para acoger y proteger a los menores migrantes. El texto también defiende regular la inteligencia artificial para salvaguardar los derechos de niños y adolescentes, combatir la pobreza infantil y reforzar la prevención y respuesta ante cualquier forma de violencia.

Una responsabilidad compartida para proteger a la infancia

La declaración, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, coincide con el aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, aprobada en 1989. El Ejecutivo recuerda que proteger a todos los menores, con independencia de su origen o situación administrativa, es una obligación de las administraciones públicas.

Acogida y protección de menores migrantes

El Gobierno advierte de que los niños y adolescentes que migran pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad. Entre los factores que pueden agravarla figuran la falta de redes familiares, las experiencias de desprotección durante el proceso migratorio y las dificultades para acceder a servicios esenciales.

La declaración también alerta sobre la estigmatización y los discursos de rechazo o criminalización dirigidos contra estos menores. Por ello, sostiene que su interés superior debe prevalecer en todas las decisiones que les afecten y que su acogida y protección requieren una corresponsabilidad efectiva entre territorios.

Protección de los menores en el entorno digital

El documento aborda la transformación digital y el avance de la inteligencia artificial (IA). Según el Gobierno, la regulación pública debe establecer cómo se diseñan y utilizan estas tecnologías, colocando la privacidad, la seguridad y la autonomía de los menores por delante de los intereses comerciales de las plataformas.

Obligaciones para las empresas tecnológicas

La declaración reclama obligaciones efectivas para las compañías tecnológicas y medidas que frenen la explotación comercial de los datos personales de niños y adolescentes. También propone impulsar sistemas de IA que incorporen los derechos de la infancia desde la fase de diseño.

A estas medidas se suma el fomento de la alfabetización digital, para que menores, familias y comunidades educativas puedan desenvolverse con más seguridad en internet. El Ejecutivo destaca, además, su participación en el impulso del reglamento europeo EU Kids Act, orientado a promover entornos digitales más fiables para la infancia.

Pobreza infantil y acceso a servicios esenciales

El Gobierno señala que las desigualdades económicas, sociales y territoriales siguen limitando el ejercicio de los derechos de los menores. En este contexto, considera que la pobreza infantil es una de las expresiones más graves de esas desigualdades.

Para hacerle frente, la declaración propone una respuesta sostenida, coordinada e integral entre las administraciones. También plantea fortalecer los servicios públicos relacionados con la educación, la sanidad, la vivienda, la protección social y los cuidados.

Prevención y respuesta ante la violencia

El texto reclama políticas integrales que permitan prevenir, detectar y atender la violencia contra niños y adolescentes, así como reparar sus consecuencias. Incluye distintas formas de violencia, entre ellas la física, psicológica, sexual, machista y vicaria, además del acoso y la violencia institucional.

La declaración también subraya la importancia de evitar la revictimización y de reforzar los mecanismos de escucha. El objetivo es que los menores puedan comunicar lo ocurrido y recibir protección sin quedar expuestos a nuevos daños durante el proceso.

Infancia en conflictos y crisis humanitarias

En el ámbito internacional, el Gobierno recuerda el impacto de los conflictos armados y las crisis humanitarias sobre la infancia. La declaración menciona expresamente las situaciones de Gaza y Ucrania y reitera el compromiso de España con el Derecho Internacional y con la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos de los menores.

Consejos para emprendedores y empresas

Aunque la declaración se dirige principalmente a las administraciones públicas, sus prioridades ofrecen pautas útiles para negocios que trabajan con menores, familias, centros educativos o plataformas digitales.

Diseñar servicios digitales seguros

  • Incorporar la privacidad y la seguridad desde el diseño, en lugar de tratarlas como mejoras posteriores.
  • Recoger únicamente los datos personales necesarios y explicar con claridad para qué se utilizan.
  • Revisar cómo afectan los sistemas automatizados y la IA a los menores antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Ofrecer herramientas comprensibles para que familias y usuarios puedan gestionar permisos, contenidos y opciones de privacidad.

Crear entornos inclusivos y accesibles

  • Revisar los servicios y procesos de atención para evitar barreras por idioma, situación económica, discapacidad o procedencia.
  • Formar al personal para atender con respeto a menores y familias en situaciones de vulnerabilidad.
  • Evitar mensajes y prácticas que puedan contribuir a la estigmatización de niños migrantes u otros colectivos.
  • Cuando sea posible, colaborar con organizaciones sociales y profesionales con experiencia en protección de la infancia.

Reforzar la prevención y los protocolos

  • Establecer procedimientos claros para detectar y comunicar posibles situaciones de violencia o acoso.
  • Capacitar a los equipos para actuar con rapidez, discreción y sensibilidad cuando un menor solicite ayuda.
  • Proteger la confidencialidad y evitar que la persona afectada tenga que repetir innecesariamente su relato.
  • Consultar asesoramiento especializado para adaptar las medidas a la actividad de cada empresa y a la normativa aplicable.

Integrar la protección infantil en la estrategia empresarial

  • Evaluar los riesgos que los productos, servicios y campañas pueden generar para niños y adolescentes.
  • Incluir objetivos de protección, inclusión y bienestar infantil en las políticas internas de responsabilidad social.
  • Medir los resultados con indicadores concretos, como la accesibilidad de los servicios, la gestión de incidencias y la formación del personal.
  • Mantenerse al día sobre los cambios regulatorios relacionados con la protección de datos, la IA y los entornos digitales dirigidos a menores.

Conclusiones

La declaración del Gobierno presenta la protección de la infancia como una responsabilidad que requiere coordinación entre administraciones, regulación adecuada y servicios públicos sólidos. Entre sus prioridades figuran la atención a los menores migrantes, la seguridad digital, la reducción de la pobreza y una respuesta integral frente a la violencia.

Para las empresas, estas líneas también suponen una oportunidad para revisar cómo sus productos y operaciones afectan a niños y adolescentes. Adoptar prácticas de privacidad, accesibilidad, prevención y atención responsable puede contribuir a entornos más seguros y fortalecer la confianza de las familias y de la sociedad.

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